El rol de las empresas contra la corrupción

EL rol de las empresas en la lucha internacional contra la corrupción

Introducción

Partiendo de la corrupción, que es aquella acción u omisión que incurre una persona o grupo de personas con la finalidad de desviarse de los deberes formales del cargo con el objeto de obtener beneficios económicos o pecuniarios, políticos, sociales con fines particulares, entonces si este concepto lo plasmamos en estos tiempos de globalización y el mundo del comercio donde las empresas que más sobresalen son las que están inmersas en innovar tecnología y estrategias que permitan expandirse frente a la competencia en un contexto de transparencia, es tan importante erradicar de raíz la corrupción que se vive dentro y fuera del país.

En tanto la corrupción desde la escala nacional como internacional pone en peligro la estabilidad y la seguridad de las sociedades, amenazando el desarrollo social, económico, político y poner en el suelo el valor de la democracia y la moral.
Por lo tanto, en ambos niveles, tanto el nacional como el internacional, la lucha contra la corrupción adquiere prioridad y requiere de un esfuerzo colectivo, así como el intercambio de información y en cierto grado una estandarización en la práctica. El esfuerzo conjunto a escala internacional se muestra indispensable para luchar contra la delincuencia y favorecer así la responsabilidad, la transparencia y el Estado de Derecho.

En el caso de Europa desde el acceso a los nuevos mercados y al crecimiento rápido de las tecnologías, especialmente con las telecomunicaciones, en ese entonces los europeos eran actores utilizando como escenario a Europa, donde sucederían los actos de corrupción. Sin embargo el efecto de estas corrupciones que se suscitó y se suscitan en Europa afectó negativamente las negociaciones con los demás países, pues es una barrera para el comercio, es así como la corrupción de Europa fue la razón para que los Estados Unidos de América con su Foreign Corrupt Practices Act (reformada en 1988) reformaría en 1998 difundiría a nivel mundial no solo razones morales o fortalecer su hegemonía económica cuando obligaron a sus empresas a concertar contratos sin sobornos.

La corrupción según el Banco Mundial si es factible medirla, según los cálculos por esta entidad los actos de corrupción equivalen al 5% del PBI mundial y constituyen el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social debilitando el estado de derecho, la libre competencia empresarial y el acceso a los servicios básicos.
Durante los últimos años, numerosas instituciones han asumido la lucha contra la corrupción como uno de los elementos básicos de sus estrategias para la reducción de la pobreza. Pero una de las principales novedades en este campo es el creciente interés prestado por parte del sector empresarial al tema de la integridad corporativa motivado por el auge de la responsabilidad social y por el aumento de las demandas de transparencia e integridad tras los fiascos de Enron, WorldCom y Parmalat.

¿Cómo están respondiendo nuestras empresas a las crecientes demandas de transparencia e integridad corporativa a nivel internacional? Una posible respuesta es reforzando sus sistemas de integridad corporativa a través de la formulación de códigos de conducta y sistemas de prevención y control de la corrupción.

Por ello hemos considerado relevante preguntarnos si efectivamente las empresas españolas están reforzando estos sistemas, y qué políticas y prácticas formales para prevenir y controlar la corrupción están adoptando. A estas y a otras preguntas hemos tratado de responder mediante el informe negocios limpios, desarrollo global: El Rol de las Empresas en la Lucha Internacional Contra la Corrupción elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo en colaboración con la Fundación Carolina que fue presentado el 31 de mayo en Madrid.

El informe, que analiza una muestra de empresas constituida por las compañías cotizadas presentes en el IBEX 35, concluye, que sólo 15 de las 35 que componen el índice han formalizado claramente su compromiso anticorrupción, mientras que otras 15 todavía no tienen ninguna política propia y las 5 restantes muestran un compromiso muy vago por la lucha anticorrupción.

El análisis de las 20 empresas que han formalizado su compromiso, revela que tan sólo un 35% de las mismas declaran llevar a cabo formación sobre sus códigos, un 30% no ha establecido un mecanismo para la denuncia anónima de comportamientos sospechosos, el 80% no garantiza la no represalia contra el denunciante y tan sólo un 35% declara hacer informes de seguimiento.

Valga señalar que lo que hemos tratado de medir en esta ocasión es la existencia de prácticas de formalización de políticas comunicadas públicamente, bien sea a través de la página Web de la empresa o de su memoria de sostenibilidad y no la calidad de su implantación. Es evidente que las políticas precisan ser efectivamente implementadas para ser eficaces y su existencia puede ser tan solo un indicador de un cambio formal, pero no en el fondo, de las prácticas de gestión empresarial. No por ello el impacto de la existencia de sistemas formales debe ser minusvalorado ya que suponen el primer paso que debe de dar una empresa que desee participar más activamente en la lucha anticorrupción.

Desafortunadamente, la necesidad de una mayor implicación de la empresa en esta lucha ha sido puesta en evidencia por la importancia de la red de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella destapada por la Operación Malaya, en la que se han visto implicadas numerosas empresas inmobiliarias. Cabe preguntarse cómo abordará el sector empresarial esta nueva crisis de credibilidad, si como una amenaza o como una oportunidad para crear una nueva cultura en la que el oportunismo y el pelotazo no sean motivo de orgullo sino de descrédito y en la que existan mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan que sea el propio mercado y la sociedad los que descalifiquen a las empresas, empresarios, funcionarios y ciudadanos culpables de delitos de corrupción y soborno.

Objetivo General

Analizar el fenómeno de la corrupción a nivel internacional en las empresas públicas y privadas y que roles están adoptando para prevenir y controlar la corrupción, como corolario expresar una opinión sobre la misma.

Marco teórico

Teoría de la Estabilidad Hegemónica

El primer marco teórico que utilizaremos será la teoría de la estabilidad hegemónica. Esta teoría, como una rama del enfoque neorrealista, supone que la existencia de una potencia hegemónica es necesaria para la formación de un orden económico internacional liberalista. La potencia hegemónica puede inducir, pero no obligar, a los demás principales países a que acepten las reglas de una economía mundial abierta. Para los seguidores de esta teoría, la hegemonía, la ideología liberal y el interés común forman parte de los requisitos para la aparición y ampliación del sistema de mercado liberal (Gilpin, 1987). Aplicaremos este marco en el caso de la convención de la OCDE. Con el fin de enfocar el papel de la potencia hegemónica haremos también un breve análisis de la legislación estadounidense sobre soborno y corrupción, y su impacto internacional. (Elliott, 1997, pp. 175-233)

Teoría del Institucionalismo Internacional

El segundo marco analítico es el institucionalismo internacional. Según sus adeptos, la existencia de la potencia hegemónica no es una condición necesaria para la cooperación internacional. Como centro del institucionalismo neoliberal, esta teoría sostiene que, aun con el debilitamiento de la potencia hegemónica, la cooperación entre naciones es posible a través de las instituciones internacionales (Organismos internacionales convenciones y otras instituciones informales). A través de este marco trataremos de explicar el caso de la convención de la OEA, donde el grado de la participación de la potencia hegemónica es al parecer menor.

Entre el neorrealismo y el institucionalismo neoliberal existen tres puntos de convergencia; primer, ambos enfoques presumen que ambos estados son los únicos actores principales en la política internacional. Segundo los estados son actores racionales y unitarios. Tercero, debido al carácter anárquico de las relaciones internacionales, las actividades del estado están centralizadas. Por otro lado, los dos grandes enfoques difieren en su premisa sobre las instituciones internacionales y la cooperación internacional. El neorrealismo no considera que las instituciones internacionales jueguen un papel principal en la promoción de la cooperación internacional y, por consiguiente, es pesimista con respecto a la cooperación. En contraste, el institucionalismo neoliberal supone que las instituciones internacionales jueguen un papel principal en la cooperación internacional, sobre la cual es optimista. (Keohane, 1984)

Teoría de la Corrupción

La corrupción es un pecado. Pero son pocos los intelectuales o líderes cristianos que le han prestado una atención teológica sistemática y específica. Esto resulta sorprendente, dada su difusión en zonas del mundo con una gran población cristiana. Sin embargo, no se puede hacer la misma crítica a los economistas. El corpus de literatura económica dedicada a la corrupción es sustancial, especialmente en cuanto a la definición de sus diferencias con otras formas de actividad delictiva. Pero antes de explorar este material, debemos examinar la corrupción desde la perspectiva de la teología del pecado. Ésta nos ayudará a entender de qué modo los efectos del pecado se pueden encarnar en ciertas prácticas sociales, sin restar importancia de ningún modo a nuestras decisiones libres, tanto para la conformación del orden social, como para nuestra salvación. (Aquino, 1963)

Nuestro análisis del pecado y de sus efectos sociales indica que la clave para transformar una situación de pecado es lo que los cristianos llaman una conversión del corazón. Sin embargo, esto no es excusa para ignorar la distorsión producida por el pecado en la ecología moral e institucional. Por el contrario, refuerza la obligación de rectificar las instituciones y las condiciones de vida cuando incitan al pecado de modo que se conformen con las normas de la justicia y promuevan el bien. Una vez que reconocemos nuestro pecado y los efectos de éste en el seno de la sociedad, deberíamos actuar para corregir las faltas que hemos cometido. El pecado no es sólo una “equivocación” que se corrige sólo pidiendo disculpas. Es una realidad con efectos persistentes que deben enfrentarse aún después de que el pecado ha sido perdonado. Como observa el teólogo moral Germain Grisez:

Aún después de que se olvida el pecado, es necesario reparar sus consecuencias. No hablamos aquí de una reparación tangible del daño concreto (pérdida monetaria, destrucción de la propiedad, etc.), que uno también debería tratar de hacerla en tanto sea posible, sino del daño existencia - la división de uno mismo, el quiebre en las relaciones con los demás, el alejamiento de Dios.

Lo que ya hemos dicho acerca del pecado ha de habernos sugerido algunas intuiciones acerca de la naturaleza y el origen de la corrupción. Sabemos algo, por ejemplo, acerca de la corrupción como categoría moral. También tenemos alguna indicación acerca de dónde reside la responsabilidad fundamental de la irrupción de la corrupción, acerca del modo en que persiste y, afortunadamente, acerca de cómo podría minimizarse en las sociedades dispuestas a reconocer que nuestra tendencia a pecar está inscripta en nuestra misma humanidad.

Sin embargo, hay muchos elementos de la corrupción que no los aclara nuestra teología del pecado. No nos explica completamente en qué se diferencia de otras manifestaciones del pecado como, por ejemplo, el asesinato y el robo. Es, en este punto, donde las ciencias sociales pueden ayudar a clarificar el pensamiento. Una disciplina como la economía nos puede ayudar a captar más precisamente el carácter de la corrupción y nos puede mostrar cómo afrontarla. Nos brinda muchas de las herramientas conceptuales que no se encuentran en el análisis teológico, y que nos ayudan a entender cómo se produce la corrupción.

En términos legales y económicos, la corrupción puede definirse como la realización de transacciones ilegales voluntarias entre un agente y su cliente con un efecto negativo para el “principal” a quien el agente estaba obligado legalmente a servir. Mediante la violación de esta obligación el agente corrupto ejercita el poder recibido de su “principal” de un modo completamente distinto de su compromiso legal con este último. De esta manera, el agente corrupto dispone de la riqueza o poder del “principal” en su propio beneficio13. Sin infidelidad al “principal”, el pecado no puede ser calificado como delito de corrupción. Un robo a mano armada no es corrupción. Hay un culpable y una víctima, pero falta el tercero traicionado. Este delito, por tanto, no es corrupción.

Otro aspecto de la corrupción, que la teología no muestra de forma directa, es hasta qué punto se la puede considerar asociada a un sector público expansivo. Los economistas son virtualmente unánimes al considerar que, aunque la corrupción puede surgir en cualquier circunstancia, su suelo más fértil es el sector público. Las corporaciones privadas, por ejemplo, no pueden crear barreras tarifarias o recolectar impuestos aduaneros. A pesar de que pueden presionar a los políticos en tales sentidos, sólo el Estado tiene la potestad legal de crear esas oportunidades para un enconamiento de la corrupción. Dicho en otras palabras, el Estado facilita algunas de las condiciones para la corrupción, legislando que se deben hacer ciertas cosas de ciertos modos o que se deben pagar varias cargas o que se deben obtener determinados permisos. Algunos tratarán de eludir estas barreras pagando un soborno, pero, si esas obligaciones y permisos no hubieran existido, los incentivos para la corrupción hubieran disminuido significativamente.

No es pura coincidencia que los regímenes más corruptos hayan sido sociedades altamente estatistas como los Estados comunistas y fascistas. Lo que es especialmente insidioso acerca de la corrupción en el sector público es que, como observa el economista de la escuela de la elección pública Gordon Tullock, a menudo proviene de que el Estado “interviene no por la razón ostensible (es decir, el bien común), sino debido a una secreta razón de beneficio privado, es decir, se simula que se está favoreciendo el interés público, pero de hecho se está favoreciendo la billetera propia”.

En sus reflexiones acerca de la corrupción y el sector público, los economistas Andrei Shleifer y Robert W. Vishny definen la corrupción gubernamental como “la venta de la propiedad del Gobierno por parte de sus funcionarios en beneficio propio”. La adecuación de esta definición puede ilustrarse mediante el caso del robo y la subsiguiente venta de una computadora del Gobierno por parte de un funcionario público. Existe aquí una transacción voluntaria entre el funcionario deshonesto y el comprador de la computadora, la consiguiente traición al Gobierno y, en definitiva, al contribuyente.

Los ejemplos ofrecidos por Shleifer y Vishny dejan en claro que su definición es aplicable a una amplia gama de casos de corrupción. Hacen notar, por ejemplo, que “los funcionarios públicos a menudo cobran sobornos para conceder permisos y licencias, para dejar pasar por la aduana o para prohibir el ingreso de competidores”. Los permisos y licencias juegan el rol de la computadora del ejemplo anterior. Pero lo que hace que esos objetos de corrupción sean más interesantes es que posibilitan que los funcionarios actúen como agentes privados realizando una actividad económica que, de otro modo, les hubiera quedado vedada. Las licencias y los permisos (incluidos pasaportes y visas) son necesarios para cumplir restricciones impuestas legalmente a la actividad económica privada. En determinados casos, el fin principal de algunos permisos y regulaciones pareciera ser la concesión a los funcionarios corruptos del poder de negarlos y consecuentemente cobrar sobornos para concederlos. En tales casos, el Gobierno no es el “principal” traicionado. Se transforma, más bien, en un aliado de los funcionarios corruptos uniéndose a ellos para traicionar al contribuyente que es el “principal” en este caso.

La corrupción puede, ciertamente, surgir también en el sector privado. Es completamente posible que dos agentes de una compañía privada defrauden a un “principal” confiado (es decir, a los accionistas). Pero las empresas privadas tienen un incentivo - la amenaza de reducción de los beneficios - para esforzarse especialmente por evitar que los empleados deshonestos hagan acuerdos con clientes o proveedores, que los beneficien personalmente, contra los intereses de la empresa. Un empleado puede aprovecharse de un procedimiento defectuoso en su propio beneficio, pero una empresa privada tiene fuertes incentivos para prohibir y evitar estos comportamientos.

En las burocracias estatales y las empresas públicas encontramos incentivos para la tolerancia de la corrupción. Al carecer del móvil económico, los funcionarios públicos no tienen incentivos directos para reducir la corrupción, salvo su propia moralidad y su interés por la integridad ética de la organización. Puede argumentarse que una intervención estatal excesiva fomenta una mayor corrupción. Como observa Vito Tanzi:

Si el Gobierno controla los mercados financieros, el comercio exterior, el acceso al cambio externo y a muchos productos provistos a precios subsidiados (como servicios telefónicos, sanitarios, eléctricos, el crédito y los bienes importados), los sobornos tomarán el lugar que no pueden tomar los precios en la asignación de bienes y recursos escasos.

A los funcionarios públicos no les cuesta nada imponer restricciones inútiles y dañinas a las actividades económicas privadas. Esto genera en las contrapartes privadas incentivos perversos para ofrecer sobornos de modo de sortear esas restricciones. Algunos economistas han observado que incluso aquellas regulaciones y controles que no han sido impuestos deliberadamente para crear oportunidades de corrupción suelen refinarse de modo que facilitan el surgimiento de ésta.

Nuestro breve análisis económico de la naturaleza y las causas de la corrupción muestra cómo los acuerdos sociales, políticos y económicos pueden dar lugar a situaciones que los cristianos llaman “ocasiones de pecado”; pero esto no significa que los actos de corrupción no sean, en último término, el resultado de una decisión individual. El hombre siempre es libre de elegir, aunque siempre, como hemos observado, está inclinado al pecado. Por esto, no tiene sentido generar incentivos que debiliten su resistencia a emprender comportamientos corruptos. Como hemos mostrado, los incentivos para combatir la corrupción en una burocracia estatal son mucho menores que en el sector privado, donde la corrupción actúa en detrimento de los beneficios y es, por eso, más comúnmente evitada.

Aunque hemos arribado a una comprensión de la corrupción, sabemos poco acerca de sus efectos, tanto desde el punto de vista teológico como económico. Para identificar aquellos principios que puedan facilitar su minimización debemos entender, primero, cómo impacta a una sociedad tanto desde el punto de vista de la justicia como de la eficiencia económica.

Posición planteada

En base a la bibliografía utilizada para el análisis del Rol de las Empresas en la Lucha Internacional Contra la Corrupción, nuestra posición de grupo frente a las distintas teorías obtenidas para el tema, es el de la teoría de la estabilidad hegemónica, lo cual nos parece el más realista, ya que esta teoría fundamenta como una rama del enfoque neorrealista y supone que la existencia de una potencia hegemónica es necesaria para la formación de un orden económico internacional liberalista. La potencia hegemónica puede inducir, pero no obligar, a los demás principales países a que acepten las reglas de una economía mundial abierta. Para los seguidores de esta teoría, la hegemonía, la ideología liberal y el interés común forman parte de los requisitos para la aparición y ampliación del sistema de mercado liberal, por lo tanto estamos de acuerdo con esta teoría, en nuestro país vemos clara y abiertamente como la corrupción fluye a pasos agigantados, específicamente el sector público, la causa de estos actos corruptos viene desde el más alto nivel, es por ello que la corrupción y es más, la lucha de las empresas contra la corrupción internacional resulta la mayoría de las veces sin ningún efecto.

Por otra parte, en lo internacional también se ha dado casos de corrupción, como por ejemplo el caso Enron, donde el presidente de los Estados Unidos de Norte América y sus senadores estaban involucrados en estas empresas transnacionales utilizando dinero de ese gobierno para invertir en ella y lucrándose de forma ilícita, estafando a miles y miles de personas.

Entonces para poder erradicar y limpiar de forma invicta todo acto de corrupción en las empresas públicas y privadas, sobre todo en las públicas, no obstante en la mayoría de los casos de actos de corrupción existen vínculos de las empresas privadas con las públicas (lo vemos en las contrataciones y adquisiciones del estado), es donde más se suscitan estos actos, debe ser iniciativa desde el más alto nivel de una organización el actuar con transparencia, neutralidad, capitalismo y profesionalismo ético e intelectual para la referencia de todos lo demás funcionarios y o ciudadanos de una nación.

Conclusiones

- La corrupción política es un hecho que está a la vista de todos, por lo tanto, estamos todos obligados a participar en su combate. Naturalmente los gobiernos, elegidos para representar al pueblo y velar por el desarrollo de las naciones, son los primeramente obligados a adoptar la normatividad ética, para que la conducta de sus funcionarios sea transparente, efectiva y legitimada por la opinión pública.

- Los gobernantes deben dar muestras de voluntad para castigar ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, los cuales deben ser castigados con más rudeza que un ciudadano común por cargar con mayor responsabilidad.

- Es necesario e importante cumplir con toda cabalidad el código de ética para la función pública, con la finalidad de dar resultados transparentes sin causar perjuicio económico al Estado y ser referenciados para el ejemplo a seguir por parte de las entidades privadas sobre todo con una mayor operatividad del concepto de la dignidad de la persona.

- El factor información es esencial para no perder nunca de vista la realidad sobre las acciones que se están llevando a cabos dentro del gobierno, tanto negativos como positivos. Por lo que los medios de comunicación tienen el deber de comunicarlo al público, pero con suficientes argumentos y pruebas verídicas, y el gobierno no debe limitarlos al respecto.

- Se requiere fortalecer la educación de los pueblos, ya que es la única vía que contribuye a revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la persona, como una necesidad para lograr las aspiraciones de un mundo mejor, más humano en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad.

C.P.C. Valles Reátegui Erick Marcelo.